Principio de legalidad
Se debe estar claramente definidos por la ley y no por la autoridad administrativa, lo que garantiza certeza y transparencia en la obligación fiscal.

Principio de proporcionalidad:
Los impuestos deben fijarse en función de la capacidad económica de cada contribuyente, es decir, quienes tengan mayores ingresos o riqueza deben contribuir en mayor medida al gasto público.

Principio de equidad:
Se refiere a la obligación de tratar igual a quienes se encuentran en condiciones iguales respecto a la situación imponible, evitando discriminaciones injustificadas.

Principio de generalidad:
Toda persona que se ubique en la situación prevista legalmente para ser contribuyente está obligada al pago del tributo correspondiente, sin excepciones arbitrarias.

Principio de destino al gasto público:
Todas las contribuciones se deben utilizar únicamente para cubrir los gastos públicos federales, estatales o municipales, conforme al mandato de la Constitución.

Principio de obligatoriedad:
La obligación de contribuir es ineludible para toda persona situada dentro de los supuestos normativos fiscales, consolidando así la base financiera del Estado.

Principio de seguridad jurídica:
Exige que la imposición y recaudación de tributos se realicen bajo reglas claras, evitando arbitrariedades y protegiendo el derecho de los contribuyentes a actuar con certeza respecto a sus cargas fiscales.