---Incluir en la Constitución a las comunidades autónomas "por su nombre" y la referencia a las ciudades de Ceuta y Melilla.

---"Mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España con el objetivo de establecer su reconocimiento como lenguas del Estado y la garantía de la libertad de uso, sin discriminación, de cualquiera de las lenguas oficiales en los territorios de las respectivas comunidades".

---Reformar el Senado para hacer de él una "auténtica Cámara territorial". ¿Qué implica eso? Redefinir sus funciones para que se vinculen a las derivadas de esa función territorial, como abordar en primera lectura la legislación que afecte a las comunidades, y también modificar su "estructura y composición", optando entre un modelo intergubernamental, como el Bundesrat alemán, o un modelo representativo de las CCAA, donde tengan peso los miembros procedentes de los parlamentos regionales.

---Incluir el principio de "lealtad federal" entre el Estado y las comunidades. Los socialistas hablan de impulsar los instrumentos de colaboración y cooperación entre las administraciones. También de "precisar la responsabilidad respectiva del Estado y de las CCAA en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados de la Unión Europea".

---Racionalizar, clarificar y completar el sistema de distribución competencial. El PSOE quiere incluir la "delimitación, al máximo posible, de los ámbitos respectivos en las competencias compartidas" y enunciar de forma "precisa" los títulos competenciales de carácter horizontal del Estado.

---Atribuir al Estado "la garantía de la igualdad de todos los españoles en sus condiciones básicas de vida", en el disfrute de los servicios básicos esenciales, en el ejercicio de los derechos y libertades y en el cumplimiento de los deberes, "así como la igualdad en el territorio en el que resida". Este es un elemento repetido hasta la saciedad y un empeño también de la federación de Susana Díaz: toda reforma de la Constitución debía pasar por la garantía de igualdad entre españoles y entre territorios.

---Establecer los "elementos fundamentales del sistema de financiación de las comunidades" conforme a ciertos principios. Los de "certeza, estabilidad y equilibrio en el reparto de los recursos públicos" y los de "autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial". El PSOE se compromete a arrojar la "máxima transparencia" al sistema y a la garantía del principio de solidaridad a través del "reconocimiento de niveles similares de servicios públicos". También promete contemplar el alcance del concepto de esfuerzo fiscal similar en todos los territorios (entendido como una referencia de tipos impositivos efectivos iguales), o reconocer los instrumentos de "cohesión, equilibrio y convergencia territorial". Como en Granada, los socialistas recogen la dimensión de respeto al principio de ordinalidad tal y como la definió el Tribunal Constitucional en su sentencia del Estatut, en 2010, que "la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye respecto de quien se beneficia". Se atiende así a una demanda histórica del PSC.

---Configurar en la Constitución "una autonomía local fortalecida y sostenida sobre los principios de competencias propias, subsidariedad y suficiencia financiera", el impulso a la cooperación intermunicipal y la protección de la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios esenciales en los municipios rurales.

---"Mantener la unidad del poder judicial y la preeminencia del Tribunal Supremo". Este estaría orientado principalmente, mediante el recurso de casación, a la "unificación de doctrina". Los socialistas defienden que hay que atribuir a los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos la "culminación ordinaria de la resolución" de las impugnaciones judiciales. Asimismo, incluyen la garantía de "independencia" del Consejo General del Poder Judicial -Sánchez ha defendido la descolonización politica de los órganos del Estado- y facilitar la desconcentración en las salas de gobierno de los TSJ de determinadas decisiones administrativas. Es decir, que abogan por una des centralización limitada de la Justicia.

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